Por Santiago Wencelblat
El autor escribe el siguiente artículo inspirado en la lectura del capítulo 8 del libro “Autocontrol o control del Estado, vos decidís”, cuya traducción e interpretación es coordinada por la Fundación para la Responsabilidad Intelectual.
Argentina y su viaje a las estrellas
Entre todos los delirios cósmicos, propios de una película de ciencia ficción, que se le ha escuchado decir a los referentes de la coalición de gobierno en sus 2 años y 3 meses de gobierno, uno de los más recurrentes es el de la adopción de un “ingreso básico” para los estratos más bajos (que en un país con 42% de pobres es un gran número de gente) de la sociedad. Uno de sus principales promotores, el exministro de Desarrollo Social y ahora diputado nacional Daniel Arroyo, expresó en una entrevista con la Radio AM 750 que “se tiene que construir un esquema de un ingreso con contraprestación laboral”. Más allá de la ineficiencia estatal en la potencial determinación de lo que el exministro denomina “contraprestación laboral”, debe considerarse que la Argentina ya cuenta con una inmensa gama de programas sociales, que se detallará en el siguiente apartado.
En la sección “Presidencia de la Nación” del sitio web oficial del gobierno argentino, argentina.gob.ar, puede encontrarse un archivo denominado “Guía de Programas Sociales del Estado Nacional”.
El nombrado compilado, que consta de 226 páginas, describe los más de 100 programas sociales que lleva a cabo el gobierno nacional, sin detallar en ningún momento su costo.
¿A alguien puede ocurrírsele que el programa “Coche Itinerante “Espacio ferroviario de reflexión y promoción de Derechos (Línea Sarmiento)” pueda insumir recursos del erario público en un país con 72% de pobreza infantil? ¿O que el “Plan Nacional Organizar”, que consiste en “formalizar y regularizar” a los movimientos sociales, muchos de los cuales cortan las calles, dificultando la vida del ciudadano de a pie todos los días en la ciudad de Buenos Aires, contribuye a aumentar el empleo formal en la Argentina?
En el capítulo “El estado de Bienestar y la erosión de la responsabilidad”, del libro Self-control or state control? You decide, compilado por Tom Palmer, el investigador sueco Nima Sanandaji argumenta que, en su esencia, el estado de bienestar “reposa críticamente en normas preexistentes”. En el caso de los países nórdicos, los altos niveles de confianza en la sociedad preceden a la existencia del estado de bienestar. La principal implicancia de esto es que, por ejemplo, el modelo de estado de bienestar sueco, muy elogiado por la generalidad del arco político local, no sea replicable en otros países, debido a que no todos tienen los mismos niveles de confianza.
Un emergente clave que se desprende de los argumentos de Sanandaji radica en que el estado de bienestar degrada en el largo plazo las normas sociales.
Quien explicitó esto con gran claridad es el cuatro veces presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, al expresar, en relación con las consecuencias en el comportamiento social de su New Deal, que “distribuir alivio de esta manera es administrar un narcótico, un sutil destructor del espíritu humano, una violación a las tradiciones de América”. ¿Contundente, no? A su vez, mientras Sanandaji explicita la necesidad de agotar una gran estructura de recursos preexistente para financiar el estado de bienestar, la frase “la carga sobre el gobierno federal ha crecido con gran rapidez”, también de Roosevelt, adquiera gran poder explicativo. Cualquier similitud con la realidad argentina, donde el gasto público consolidado pasó de representar el 22.5% del PBI en 2003 a más del 41% en 2015, no es pura coincidencia.
Por ende, cuando políticos izquierdistas de la escena local proponen solucionar los problemas económicos y sociales de la Argentina a través de la ampliación del estado de su bienestar, al que en la entrevista con la emisora AM 750 el exministro Arroyo caracterizó como “con problemas”, lo primero que hay que notar es que sin las normas sociales que lo respalden, no hay estado de bienestar que funcione. Y en un país en el cual, de acuerdo a un trabajo de la consultora Taquión, el nivel de desconfianza en la justicia es del 83,3%, el nivel de desconfianza en los políticos es de 79,2% y el nivel de desconfianza en las empresas es de 62,4%, es aún más ilusorio pensar que la ampliación de la estructura estatal puede resolver alguno de todos los problemas de socio- económicos de la Argentina.
De acuerdo a un informe del Banco Mundial del año 2020, la carga impositiva sobre la utilidad comercial (beneficio obtenido por las empresas) en la Argentina es del 106%, lo cual quiere decir que si una empresa paga todos los impuestos recaudados por los entes nacionales, provinciales y municipales, se encontrará “consumiendo su capital cada día que se mantenga en actividad” (EY, 2021). Mientras tanto, el promedio mundial es de 40,4%, y el de Suecia de 49,1%. Otra de las grandes diferencias de la estructura fiscal del país nórdico con la Argentina es que el gobierno del primero no fija un salario mínimo. Imagínense la reacción de los defensores locales del estado de bienestar nórdico si se enteraran de semejante dato.Si la intención de los líderes izquierdistas locales es de imitar el “modelo sueco”, el primer paso que deberían seguir es el de bajar a menos de la mitad los impuestos a las utilidades comerciales.
En la Argentina el nivel de destrucción de los incentivos al trabajo es tan obsceno, que se da la paradoja de que algunos propulsores de los planes sociales reconozcan la brutal distorsión que le infringieron a la sociedad. El siguiente diálogo, que por sus características parece ficticio, se dio en el programa “Odisea Argentina”, entre su conductor, Carlos Pagni, y el líder de la agrupación social “Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, el 28 de diciembre del año 2021:
• Navarro: “Si vos tenés el abuelo, el papá y el hijo que no trabajan, esa persona por ahí trabaja, pero en la hora que quiere, de la forma que él quiere, y la hora que se inventa, dependiendo de lo que necesite en el día, y sobrevive con la ayuda que le llega del Estado. Ese país no tiene destino, Carlos”
• Pagni: “Alguien te podría decir que sin promover la iniciativa privada es muy difícil salir de esa rueda”
• Navarro: “Sí pero aún con la Omicrón crecimos lo que nadie creía que íbamos a crecer este año”
¿Recién ahora se le ocurre a Navarro que los planes sociales pulverizan las normas sociales?
¿Recién ahora, siendo que la cartera de fondos de su movimiento social crece exponencialmente desde el año 2002? Más allá de la hipocresía del líder social, este diálogo no deja de resaltar el consenso social cada vez más generalizado acerca de la inviabilidad de un modelo de país basado en los subsidios a la pobreza.
En tanto, hasta no encarar decididamente proyectos que promuevan activamente la iniciativa privada, reduzcan la carga impositiva, y establezcan topes al gasto público, como hizo Suecia en 1995, (Reforme Institute, 2014) resulta muy difícil pensar en un horizonte de prosperidad para la Argentina.
En el nombrado capítulo, Sanandaji cita al Premio Nobel Robert Fogel sosteniendo que “la pobreza espiritual puede exacerbarse cuando individuos que de otro modo podrían ser autosuficientes se vuelven dependientes del apoyo público”. Para restituir nuestro cable a tierra, y abandonar su viaje espacial interminable, el primer gran paso es reconocer la inviabilidad de nuestro Estado actual, y encontrar en el sector privado no un escollo, sino un aliado para el desarrollo.
Un pequeño paso para la política, pero un gran paso para la República.
